14 de Enero del 2019

CONSIDERACIONES PATRONALES CON RESPECTO A LA PRESCRIPCIÓN LABORAL EN GUATEMALA



Por Andrés Trujillo - Asociado LatamLex Guatemala (atrujillo@latamlex.com)

Uno de los derechos laborales básicos es el derecho de irrenunciabilidad de los derechos mínimos, derecho reconocido y protegido por la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece que los derechos otorgados a los trabajadores son irrenunciables por ellos, y cualquier renuncia aun así sea expresa será nula.

Por otro lado, la prescripción es una forma de extinción de las obligaciones jurídicas puesto que es entendida como la pérdida de un derecho por el no uso o inactividad del mismo durante un plazo determinado en la ley. Como la prescripción opera por la inacción del acreedor durante un plazo determinado, una corriente doctrinaria considera que la prescripción es una mera renuncia tácita a un derecho por lo que la prescripción se vuelve prácticamente inaplicable en materia laboral. Es precisamente por esto que la prescripción ha tenido un grave problema de aplicación en materia laboral puesto que el acreedor de las obligaciones laborales es el trabajador, persona que por encontrarse en un plano de subordinación frente a su deudor (patrono), según la doctrina no le resulta tan fácil el exigir el cumplimiento de la obligación.

El criterio anterior si bien se sostuvo durante mucho tiempo, es un criterio que no es adoptado por Guatemala ya que la institución jurídica de la prescripción existe en aras de un derecho superior e inalienable como lo es la seguridad jurídica, pues se debe partir de la idea que ningún derecho es absoluto y eterno, por lo que incluso los derechos laborales deben prescribir en aras de garantizar la seguridad jurídica que todo Estado debe asegurar. Es por esto que el artículo 264 del Código de Trabajo, regula que: “Salvo disposición en contrario, todos los derechos que provengan directamente de ese Código, de sus reglamento o de las demás leyes de Trabajo y Previsión Social, prescriben en el término de dos años. Este plazo corre desde el acaecimiento del hecho u omisión respectivos”.

Como dicho artículo lo regula, todas aquellas obligaciones que no tengan un término especial de prescripción, prescriben en el plazo de dos años el cual empieza a correr desde el acaecimiento del hecho o de la omisión, en otras palabras, comienza a correr desde que se es exigible la obligación.

A pesar de la claridad de dicho artículo, la Corte de Constitucionalidad en los expedientes 2150-2008; 505-2009; 3108-2009; 1268-2013; 3639-2013; 4475-2014; 98-2017; 4290-2016 y 4319-2016 (expedientes acumulados), que forman Doctrina Legal por ser más de tres fallos uniformes, continuos y contestes, ha sostenido un criterio respecto de las prestaciones de tracto sucesivo (salarios ordinarios y extraordinarios, bonificaciones, aguinaldos, etc) en el cual prácticamente reforma el artículo 264 del Código de Trabajo, puesto que la Corte sostiene que el plazo de los dos años no empieza a correr desde que la obligación es exigible (como lo establece expresamente el artículo 264), sino que este plazo empieza a correr desde el momento que termina o cesa la relación laboral.

La Corte de Constitucionalidad se fundamenta en que el trabajador está indefenso puesto que no puede realmente reclamar sus prestaciones de tracto sucesivo mientras está en la relación laboral, ya que tiene temor a perder su trabajo, pues este tipo de reclamos podrían entenderse como atacar al patrono o un acto de resistencia dando lugar a su inmediato despido.

Los patronos en Guatemala deben tomar especial atención a este criterio de la Corte ya que dicho criterio prácticamente reforma el artículo 264 del Código de Trabajo. Esta doctrina legal ha dado lugar a que trabajadores reclamen a sus patronos prestaciones de hace 5, 10, 20 o incluso más años, por lo que la seguridad jurídica de los patronos está básicamente anulada ya que muchos de ellos, en confianza con lo que establece el artículo 264, después de dos años atrás ya no llevan ningún registro de las prestaciones pagadas a sus trabajadores de hace 5, 10 o más años. Lo más delicado de este criterio jurisprudencial es que la Corte resuelve en contra del contenido del artículo 264 mediante sentencias de amparo pero en ningún momento se ha declarado inconstitucional dicho artículo, por lo que dicho artículo sigue vigente, pero inaplicable, dentro de nuestro ordenamiento jurídico-laboral.








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