15 de Octubre del 2018

DISPOSICIONES PARA LA DEBIDA DILIGENCIA DE LAS SOCIEDADES PANAMEÑAS

 



La debida diligencia es un concepto jurídico que está enfocado al cuidado preciso y oportuno que debe tener una persona antes de dar inicio a un acuerdo comercial. Inicialmente, se hace referencia a la revisión minuciosa de los registros financieros y documentos pertinentes y significativos para una transacción comercial, permitiendo identificar la proveniencia de los fondos para dicho acuerdo, así como otros detalles que refuerzan la transparencia de la actividad comercial.

Panamá ha realizado esfuerzos serios por mejorar su normativa relacionada a la debida diligencia para las sociedades panameñas, estableciendo mecanismos que ayuden a prevenir el blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas. El 27 de abril de 2015 se publicó en la Gaceta Oficial de Panamá la Ley 23, que establecía un marco regulatorio para que los organismos de supervisión, y entidades, personas naturales y jurídicas sujetas a tal supervisión, atendieran la normativa con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero y de la economía panameña, entre otros objetivos.

La atención a estas disposiciones resulta vital para el ejercicio comercial, tanto para las empresas e inversionistas como para asesores legales de las mismas. La intención del gobierno panameño por implementar mejoras a la debida diligencia se convirtió en prioridad luego del caso de los Panama Papers, fue entonces cuando la Unidad de Análisis Financiero (UAF) comenzó a realizar una supervisión más intensiva del cumplimiento de los requisitos de debida diligencia, acorde a lo que dicta la Ley, pues de no cumplir con la información completa que dicta la Ley, se impone una multa a los abogados que prestan sus servicios como Agente Residente así como al beneficiario final de la sociedad y/o a la sociedad en cuestión. Esta información abarca todos los datos necesarios para identificar completa y correctamente a las personas que están detrás de las transacciones y acuerdos comerciales, sino también sus intenciones con los mismos.

Dictamen para la práctica legal

En su artículo 24, la Ley 23 del 27 de abril de 2015 detalla el conjunto de actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, donde se incluye a abogados, contadores públicos autorizados y notarios. Las actividades supervisadas por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros son:


  • Compraventa de inmuebles.

  • Administración de dinero, valores bursátiles u otros activos del cliente.

  • Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores.

  • Organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de compañías.

  • Creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, como fundaciones de interés privado, sociedades anónimas, fideicomiso y demás.

  • Compraventa de personas jurídicas o estructuras jurídicas.

  • Actuación o arreglo para que una persona, pagada por el abogado o firma de abogado, actúe como director apoderado de una compañía o una posición similar, con relación a otras personas jurídicas.

  • Proveer de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo para una compañía, sociedad o cualquiera otra persona jurídica o estructura jurídica que no sea de su propiedad.

  • Actuación o arreglo para que una persona, pagada por el abogado o firma de abogados, actúe como un accionista testaferro para otra persona.

  • Actuación o arreglo para que una persona, pagada por el abogado o firma de abogados, actúe como participante de un fideicomiso expreso o que desempeñe la función equivalente para otra forma de estructura jurídica.

  • La de agente residente de entidades jurídicas constituidas o existentes de conformidad con la ley panameña.


La ley aplica para todas las categorías de las sociedades panameñas. En el caso de la representación legal, si existe una sociedad de la que se ha perdido contacto con el cliente (de parte de los abogados), hasta por un periodo de tres años, y no hay forma de ubicar al cliente con ningún registro, tampoco existe respuesta a los avisos de la firma o cumplido con los plazos, por ley, la firma puede renunciar como agente residente sin ninguna responsabilidad. Si a futuro pasa algo con esa sociedad (la vinculación a un ilícito, por ejemplo), la firma se libra de cualquier problema al haber renunciado.

Por esta razón, es importante atender la información anterior, ya que, los asuntos legales pueden llegar a complicarse y pueden ser un poco estresantes e intensos.  Sin embargo, contar con un abogado que esté calificado en la materia de Derecho Mercantil,  que esté  en la disposición de atender todas sus inquietudes  y necesidades legales y/o particulares y que tenga la capacidad de explicarle la Ley y representarlo en una corte, es altamente importante.

Por lo tanto, para evitar todos los inconvenientes, mantener todo en regla y cumplir a cabalidad con la Ley, la clave es contar con la asesoría adecuada. LOVILL LatamLex pone a disposición un equipo legal de alta calidad y con presencia en toda Centroamérica.








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