03 de Junio del 2015

INICIATIVA DE LEY DE REFORMA A LA LEY DE ZONAS FRANCAS PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE NIACARAGUA

El Gobierno de Nicaragua introdujo una iniciativa de Ley de Reforma al Decreto 46-91, “Zonas Francas Industriales de Exportación”  el que propone derogar los artículos 1, 2, 3, 4, 11, 12, 21, 22, 23 y 24 de la Ley Vigente; contiene cinco modificaciones sustantivas, algunas de ellas son la formalización de prácticas de funcionamiento interno de la Comisión Nacional de Zonas Francas que ya se han estado implementado a través de la promulgación de Decretos Ejecutivos, procediendo con esto a legalizarlos apropiadamente, otras incorporaciones son muy controversiales como la creación de una Zona Financiera y la propuesta aún se queda insuficiente para satisfacer la solución de dificultades legales y prácticas que tiene este sector económico en los procesos de aduanas y fiscales. La iniciativa propone:


  1. Eliminar del objeto de la Ley, la conceptualización de zonas francas industriales y nombrándolas genéricamente Zonas Francas de Exportación y agrega a las zonas de tercerización.

  2. Incorporar la creación de una Zona Financiera Internacional Autónoma para prestar servicios financieros de manera extraterritorial indicando que se creará una Ley especial posterior para regularla.

  3. Concentrar en la Comisión Nacional de Zonas Francas todas las facultades decisorias respecto al conocimiento, evaluación aprobación o rechazo de autorización para crear zonas francas, sustituyendo a la Presidencia de la República.

  4. Agregar la facultad a la Comisión Nacional de Zonas Francas de poder otorgar las cartas avales de exención de impuestos sobre equipos, maquinarias, vehículos, repuestos e implementos de transporte, como documentos suficientes y únicos para que sean ejecutados por la Dirección General de Servicios Aduaneros sin ningún trámite adicional.

  5. En la composición de la Comisión Nacional de Zonas Francas incorporar como máxima autoridad al Delegado Presidencial para las Inversiones y el Comercio Exterior, el Ministro de Fomento Industria y Comercio, el Ministro de Hacienda y Crédito Público y dos delegados del Consejo Superior de la Empresa Privada dejando fuera de la misma al Ministerio del Trabajo y a la Cámara de Industrias.


La iniciativa pretende ser una modernización de la actual ley que data de una época en que el modelo estaba unido a la concepción única de manufactura de bienes fundamentalmente textiles, la ampliación del concepto de zona franca que se hace al eliminar el término “industriales” y  agregar la denominación de zonas francas logísticas, de servicios y de tercerización, mejora el espectro de la naturaleza de operaciones que pueden realizar las empresas usuarias, pero no termina de modificar el contenido y enfoque de la  Ley vigente porque no incorpora los suficientes conceptos legales descriptivos de la naturaleza de las zonas francas de servicios y de tercerización y tampoco de algunas zonas francas de manufactura de productos agroindustriales.

En la práctica se han resuelto estos vacíos de la ley a través del reglamento, Decreto 50-2005,  tales como los requisitos que deben cumplir las empresas usuarias prestadoras  de servicios, pero por la jerarquía normativa inferior del reglamento respecto a la ley, no se garantiza suficiente seguridad jurídica sobre este modelo de empresas, sobre todo en algunos casos en que su forma de operar resulta hasta contraria a lo que está específicamente regulado en la ley.  Por ejemplo, respecto a las Zonas Francas Administradas (ZOFAS), en el reglamento se crearon como una necesidad de darle un marco normativo a este modelo productivo y se hizo una definición de las mismas como “las empresas usuarias que por la naturaleza del proceso de producción, el origen de su materia prima, o por las características de la empresa, son autorizadas por la Comisión Nacional de Zonas Francas para establecerse fuera de un parque industrial”.

Sin embargo la propuesta no modifica el artículo 16 de la ley, el cual define a las empresas usuarias de zona franca como “cualquier negocio o establecimiento industrial o de servicio autorizado para operar dentro de una Zona”. O sea que el reglamento contradice a la ley extralimitándose en regular algo que ella indica de forma diferente. Aunque haya sido una respuesta práctica muy útil,  se pierde esta oportunidad y se deja sin resolver la modalidad requerida y seguiría siendo obligatorio en interpretación correcta de la Ley, que solo se pueda ser empresa usuaria si está ubicado  dentro de las “Zonas”.

Por otra parte, las Zonas Financieras que se proponen crear, si no se conceptualizan en esta ley adecuadamente no deberían estar mencionadas. Si la idea es hacer una ley especial para regularlas como dice la iniciativa, deberían eliminarlas y esperar a elaborar esa otra ley que les exija que se cumplan todos mecanismos  de transparencia financiera contra el lavado de dinero ya establecidos en las leyes de la materia vigentes y con las cuales opera el Sistema Financiero Nacional.

 

Prisca María Porras Díaz

Socia LatamLex Nicaragua








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